Todos los autos y sentencias que se han dictado hasta la fecha, poniendo fin al proceso de forma definitiva en casos de páginas de enlaces a archivos P2P han considerado que dichos enlaces no constituyen comunicación pública, en la medida que los archivos no están alojados en el servidor. Y así también era en este caso: se trataba de enlaces a archivos P2P. El fundamento de derecho cuarto de la sentencia es profundamente erróneo: en Fenix P2P no había descargas directas. Al pinchar en un enlace, no se descargaba directamente el archivo: los propios peritajes policiales demuestran que se requería la intervención del usuario, que debía tener activado un programa de compartición de ficheros. Por otra parte, se niega la aplicación del artículo 17 de la LSSI, que es el único que en todo nuestro ordenamiento jurídico regula los enlaces.
Los responsables de los sitios web de enlaces a descargas fenixp2p.com y mp3-es.com han sido condenados a un año de prisión por un delito contra la propiedad intelectual. La Audiencia Provincial de Vizcaya en Bilbao considera que enlazar supone un acto de comunicación pública y, por tanto, sí cumple los requisitos del delito. Carlos Sánchez Almeida es el abogado defensor del caso.
1.- ¿Por qué se ha perdido esta sentencia? ¿Qué conclusión sacas?
Siempre que se pierde un caso es culpa de la defensa. Los magistrados son sabios, y las acusaciones impecables. La defensa es siempre la culpable de todo, especialmente cuando alega derechos fundamentales. Es una impertinencia: en estos tiempos de recortes, los derechos fundamentales encarecen el proceso :-)
2.- ¿La Ley Sinde y el espíritu en contra del P2P puede haber influido?
La Ley Sinde ya era citada en la sentencia del Juzgado de Barakaldo, precisamente para justificar la absolución. El juez de lo Penal aplicó en primera instancia el principio de intervención mínima del derecho penal, considerando que el poder político ha degradado la propiedad intelectual, poniéndola en manos de una comisión de funcionarios que no serán necesariamente juristas de carrera, y llevándola a la jurisdicción contencioso-administrativa.
El proceso judicial se inició tras una espectacular redada, rematada con un incalificable festejo, en el que posaron ante la prensa la entonces Ministra de Cultura y el Director General de la Policía, acompañados de representantes de lobbys del entretenimiento. Desde el principio fue un caso político, un casus belli para el Ministerio de Cultura.
El juicio de Barakaldo se celebró el 25 de enero, justo el día que PP, PSOE y CIU pactaban la Ley Sinde en el Senado. Y todos sabemos todo lo que ha pasado después en internet y en las calles. Hay una ofensiva contra la libertad de expresión en la red, y tanto en estos casos como en los relativos a Anonymous, se está convirtiendo a los imputados en simples chivos expiatorios.
3.- ¿Recurrirán la sentencia los afectados? Las sentencias de Audiencias no abundan, sería interesante obtener otra interpretación a ese nivel judicial. Hemos leído que el TC está entre las opciones que manejas. ¿Por qué?
La actual Ley de Enjuiciamiento Criminal impide la unificación de doctrina en el Tribunal Supremo de los casos sometidos en primera instancia a los Juzgados de lo Penal, que solo son revisados por las Audiencias Provinciales, con criterios dispares. Solo cabe recurso ante el Tribunal Constitucional y Europeo de Derechos Humanos, pero en dicho recurso no se revisará absolutamente nada en materia de propiedad intelectual, por impedirlo la actual legislación. Solo se revisará si se ha infringido la Constitución, al dictarse una sentencia donde los magistrados han modificado los hechos probados sin haber interrogado directamente a testigos y peritos.
El interrogatorio directo a testigos y peritos es una garantía procesal de inmediación y contradicción, que evita los errores de comprensión intelectual de los que adolece la presente sentencia. En la vista de apelación no se practicó dicha prueba, y se reprodujo exclusivamente el audio de las cuestiones previas y de los interrogatorios de los acusados. No se reprodujo el vídeo porque al parecer no había conexión para ello, y los funcionarios no supieron encontrar tampoco el botón de avance rápido.
Estamos aún estudiando la viabilidad del recurso al amparo del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva. Que los magistrados no conozcan complejidades técnicas como el P2P o el fast forward no se puede reclamar jurídicamente, lo único que podemos exigirles es que conozcan el derecho constitucional.
4.- ¿Tienes algún caso entre manos tras la entrada en vigor de la LES y, por ende, de la parte de la ex ministra Sinde?
De la Ley Sinde todavía no, dado que no está aprobado el Reglamento, ni nombrada la Sección Segunda. Imagino que lo aprobarán en el último Consejo de Ministros antes del cambio de gobierno. En tierra de nadie, como todo lo que rodea el tratamiento de gueto que han dado a Internet los gobiernos del PP y del PSOE, con sus leyes de excepción.
